Abandonando el Interés Público

Por Ulli Diemer


Fecha: Sábado, 13 de mayo de 2000. Clima: cálido, soleado con nubes parciales.

Hora: 3:15 pm del tiempo del Centro de Europa, 9:15 am en la hora del Este de Norteamérica.

Hora de jugar en la calle si eres un niño. Hora de relajarte si eres adulto, hacer las tareas domésticas, tomar una taza de café o un vaso de agua fría.

Hora, si vives en el pequeño pueblo canadiense de Walkerton, Ontario, de caminar por la calle Dirham para reunirte con tus vecinos y mirar el nacimiento del río Saugeen, el cual ha crecido de más, luego de las inusuales lluvias del día y la noche anteriores. El parque local, un par de calles adyacentes y varios carros desafortunados están bajo agua, pero, como todo mundo está a salvo, los daños no parecen demasiado trágicos.

Hora, si vives en Tollensstraat en el pueblo holandés de Enschede, de dejar de hacer lo que estabas haciendo y ver el incendio que se extiende, empezando por una fábrica de papel donde, al parecer, se inició el fuego.

Hora, justo a tiempo, de tomar a los niños y correr de regreso a la casa cuando dos explosiones en la fábrica en llamas revientan los cristales y envía astillas cortantes al cielo.

Cinco pequeños minutos después, el tiempo se acaba. La supuesta fábrica de papel es en realidad S.E. Fireworks, y a las 3:30 pm, 100 toneladas de explosivos se prenden, en la tercera y devastadora explosión. En Tollensstraat, ninguna casa queda en pie. Alrededor en el vecindario Mekkelholt de clase trabajadora, 400 casas son completamente destruidas y otras 1,000 dañadas. Al menos 20 personas yacen muertas, al menos otras 900 están heridas.

En los días siguientes, la incredulidad y el choque llevan a la ira y la demanda de respuestas. S.E. Fireworks, se descubre, ha estado operando bajo una abierta violación de las más básicas normas de seguridad, a pesar que los inspectores del gobierno rutinariamente sellaran los permisos de operación, mientras las autoridades locales y los servicios de emergencia nunca fueron siquiera informados que una compañía de fuegos artificiales había sido autorizada para iniciar operaciones en medio de un vecindario residencial. El gobierno Holandés, al parecer, ha sido criminalmente negligente.

Al mismo tiempo, a varios miles de kilómetros de distancia en Walkerton, el día es tranquilo y aparentemente ordinario. Pero invisiblemente, bajo la superficie, algo ha cambiado y aunque sus ciudadanos no lo saben todavía, Walkerton nunca será el mismo. Agua contaminada con excremento de ganado ha entrado los pozos mal sellados desde donde Walkerton obtiene su agua, pasada por una planta de tratamiento inadecuadamente mantenida, en la cual, el sistema de clorado del agua no está funcionando bien, y ahora está siendo bombeada a cada casa. En cosa de días, siete personas han muerto y otras 2,000, casi la mitad de su población, se han enfermado violentamente.

También en Walkerton, en los días y semanas siguientes, hay ira y demanda de respuestas. Los residentes aprenden que el gobierno de la provincia de Ontario, responsable de la seguridad del agua potable en la provincia, ha desmantelado deliberadamente partes vitales de la infraestructura de salud pública, en nombre de recortes de "red tape". El Gobierno, resulta, ha ignorado a propósito las repetidas advertencias de sus propios expertos y agencias sobre que los dolorosos recortes en protección de la salud y ambientales están poniendo en riesgo la salud pública. Comprometidos con una agenda de "libre mercado" para "reducir el gobierno", ha llevado el trabajo de campo a un desastre al despedir staff de inspectores, cerrando laboratorios de pruebas y eliminando reportes y procedimientos de refuerzo.

Las tragedias de Enschede y Walkerton son portentos de ignominia - instancias mortales de una preocupante tendencia en el avance de las naciones industrializadas. Los Gobiernos están abdicando o "reduciendo" hasta aquellas funciones reguladoras y protectoras esenciales para asegurar la seguridad pública, o abandonándolas por inaceptables intereses privados. El resultado puede ser trágico.

En noviembre de 1999, en la ciudad italiana de Foggia, más de 50 personas murieron cuando un edificio de apartamentos horizontales en un vecindario de clase trabajadora de repente se colapsó en medio de la noche. Los investigadores creen que un trabajo de mala calidad, aunado con la falla de reforzar los estándares del edificio fueron los culpables. Investigaciones subsecuentes revelan fallas estructurales severas en otros edificios construidos al mismo tiempo. Los residentes son evacuados apresuradamente.

En Turquía, la cuota de muerte en el terremoto de agosto de 1999 fue mucho más grande de lo debido, porque resultó que varios edificios construidos supuestamente para soportar terremotos fueron hechos violando los estándares de construcción. Oficiales civiles estaban coludidos con los constructores para certificar edificios de bajos estándares. Esto resulta inconcebible, pero con poco efecto. Un año después, nadie ha sido enjuiciado y algunos de los constructores de quienes los edificios de baja calidad se colapsaron ganaron los contratos para reconstruirlos.

En Bélgica, enormes cantidades de comida, incluyendo pollo, huevos, productos básicos, puerco, res y productos horneados se descubrió estaban contaminados con Dioxina y PCB en el verano de 1999. Los químicos fueron mezclados con grasa animal, luego la grasa fue usada para alimento de granjas - una rutina aún usada en la cría de animales moderna, a pesar del furor público por la enfermedad de las vacas locas, relacionada con reses alimentadas con desechos de carne. Después de conocer sobre la contaminación, las autoridades belgas lo mantuvieron en secreto por cuatro semanas antes de informar al público. Un oficial justifica el retraso explicando que el Gobierno quería conducir pruebas adicionales para confirmar los resultados antes de pedir a los productores que destruyeran sus productos.

Luego en el verano, Bélgica se movió para incrementar los niveles permisibles de Dioxina en la comida, argumentando que los estándares previos eran demasiado astringentes y en consecuencia demasiado onerosos para los productores. La táctica de bajar los estándares de salud en lugar de realizar los cambios potencialmente caros para cumplirlos es popular entre los grupos industriales. Y de forma creciente los Gobiernos están escogiendo acomodarse a las demandas industriales aun cuando esto expone al público a riesgos más grandes.

En Estados Unidos, la nueva legislación reguladora de pesticidas fue revelada - después de ser aprobada - para ser escrita por un grupo de representantes industriales trabajando atrás de la escena. La nueva ley, una copia casi exacta de la propuesta enviada por el grupo de representantes industriales a legisladores amigables, hace más difícil a los reguladores restringir los pesticidas existentes y hace más fácil para las compañías sacar nuevos químicos al mercado. Mientras que antes era necesario proveer evidencia que los pesticidas son seguros para su uso, la nueva legislación revierte la dificultad de las pruebas. Ahora, un nuevo pesticida puede ser puesto en el mercado a menos que los reguladores gubernamentales presenten pruebas contundentes de que no es seguro. Como las enfermedades relacionadas con pesticidas pueden tomar años en hacerse obvias, los riegos de este nuevo enfoque son evidentes.

Se está volviendo cada vez más claro que estamos presenciando un retroceso drástico de los sistemas y estructuras que las sociedades Occidentales desarrollaron a lo largo del siglo pasado o más para salvaguardar la salud pública y el bien común. Una nueva generación de políticos y empresarios, permeados con una ideología de libre mercado, está desechando, sin poner atención a las consecuencias, la estructura que las generaciones previas construyeron, pedazo a pedazo, para mitigar los aspectos más peligrosos de la civilización industrializada.

Lo que estamos perdiendo como resultado no es sólo los mecanismos protectores y reguladores, tan importantes como lo son, pero la importancia de por qué existen, por qué fueron creados en un principio. Las duras experiencias ganadas del pasado, los desastres de los que nuestros ancestros aprendieron a un gran costo están desapareciendo de nuestra memoria.

Allen Kennedy, en The End of Shareholder Value (El final del valor del accionista) asegura que las grandes corporaciones han creado un gran cambio en las últimas dos décadas, principalmente abandonando las estrategias tradicionales de crecimiento corporativo de largo plazo a favor de maximizar lo ingresos inmediatos. Ejecutivos quienes tienen como principal medio de remuneración un portafolio de acciones, no su salario, y aquellos accionistas que también están buscando ganancias grandes y rápidas en la bolsa de valores, su principal preocupación es maximizar los ingresos en el tiempo más corto posible. Para ese fin, hasta los intereses de largo plazo de las propias corporaciones son comúnmente sacrificados. Kennedy cita ejemplos de grandes compañías vendiendo activos y eliminando nueva investigación y desarrollo para hacer que el precio de sus acciones suba. El modelo para volverse rico ahora es el inicio de alta tecnología, cuya Oferta Pública Inicial (IPO por sus siglas en inglés) pone fortunas en los bolsillos de sus fundadores, aunque la compañía puede nunca producir utilidades o incluso sacar un producto al mercado. Kennedy cita a un CEO, quien elimina de golpe las preguntas de su punto de vista de tan corto plazo con el comentario "¿Por qué… debería preocuparme? Me habré ido mucho antes que cualquiera se dé cuenta"

Al mismo tiempo, los Gobiernos, infundidos con la misma ideología de libre mercado, han hecho un dogma de fe que el sector privado es el principal proveedor de de la mayoría de los productos y servicios, y qué, si un servicio tiene que ser absolutamente provisto por el sector público, debería ser modelado en el sector privado o generado en sociedad con el sector privado. Los políticos social demócratas y los de "tercera vía" comparten esta fe incuestionable en el sector privado y su manera de tratar a sus rivales conservadores. El resultado es, muy a menudo, que la responsabilidad de asegurar la seguridad pública es dejada en manos de compañías que se encuentran con un gran conflicto de intereses: entre menos gasten en infraestructura, mantenimiento, equipo de seguridad y personal, más grandes son sus utilidades.

El costo potencial de este conflicto de intereses fue revelado por la investigación del desastre en Inglaterra del tren Paddington, en el cual 31 personas fallecieron cuando el tren se pasó un semáforo en alto. Los trenes Thames, la compañía privada dueña del ten fatal, había tomado la decisión el año pasado de no equipar a todos sus trenes con el sistema automático de protección (ATP, por sus siglas en inglés), el cual detiene los trenes cuando se pasan los señalamientos y que pudo haber prevenido el choque. La decisión fue tomada a pesar de haber sucedido un accidente similar en Southall en 1997, y a pesar de los repetidos incidentes en el cual los trenes los trenes que se pasaban los señalamientos evitaban las colisiones por muy poco. Los trenes Thames consideró demasiado caro los 5.26 millones de libras esterlinas que cuesta el sistema - mientras que la compañía pagó dividendos por 4.23 millones a los accionistas en el año que decidieron no adquirir el ATP, y otros 3.25 millones de libras en dividendos el año siguiente.

Otra dramática advertencia de hacia donde puede llevar esta visión golpeó Auckland, Nueva Zelanda, a principios de 1998. Los cables principales que alimentan de energía eléctrica al centro de Auckland fallaron y el distrito central de negocios se quedó completamente sin luz. Los esfuerzos por tener el sistema funcionando de nuevo fallaron: tomó 66 días de energía para restaurar el servicio. Una investigación subsecuente mostró que la compañía eléctrica privada había descuidado la infraestructura básica y cortó el equipo de mantenimiento. Bajo propiedad pública, la planta eléctrica había mantenido cables adicionales para servir de reserva en caso de falla de los cables principales. La compañía privada eliminó esta capacidad de respaldo como un costo innecesario.

La misma lógica angosta salió a la luz en el escándalo de los años 70 de las explosiones del tanque de gasolina del Ford Pinto. Documentos internos mostraron que ejecutivos de Ford habían sopesado a sangre fría el costo de traer de regreso los carros para reparar el tanque de combustible (11 por vehículo) contra el costo de establecer demandas legales por los individuos muertos o heridos en una explosión de un tanque de combustible (un razonable promedio de 67,000 US por una herida por quemadura, 200,000 US por defunción) y concluyeron que sería más barato recibir las demandas legales y dejar explotar los tanques.

Investigadores se están preguntando ahora si se realizaron cálculos similares para lidiar enérgicamente con la falla de los neumáticos reportada en los Ford Explorer con llantas Firestone. Más de 150 muertes en varios países se han relacionado con el defecto en esas llantas. De acuerdo con la exposición de reporteros investigadores, Ford y Firestone dejaron de informar a las autoridades reguladoras en Estados Unidos que existía un problema, aun cuando ya habían ordenado el retorno de neumáticos con problemas en Arabia Saudita y Venezuela y se vieron envueltos en demandas legales de víctimas y familias de los fallecidos o heridos en los accidentes. Como condición de llegar a las demandas legales con las víctimas, Ford y Firestone exigieron que la evidencia presentada durante los casos se mantuviera confidencial. Si el defecto hubiera salido al conocimiento público antes, no hay duda que se habrían salvado vidas.

"Aquellos que no pueden recordar el pasado", dijo George Santayana, "están condenados a repetirla."

Las sociedades industriales aprendieron, en el curso de décadas, que los intereses privados no pueden ser usados para salvaguardar el interés público cuando entran en conflicto con sus propios intereses. Fue una lección dura, aprendida con el costo de muchas vidas, pero el resultado fue que gradualmente, pieza por pieza, país a país, una infraestructura pública de regulaciones y agencias y procedimientos fue obtenida para proteger la salud pública y la seguridad. Esa infraestructura está siendo minimizada ahora, no sólo por fuera, sino por dentro de las propias instituciones gubernamentales.

Podríamos vernos forzados a reaprender las amargas lecciones que nuestros ancestros aprendieron, a nuestro costo.


Publicado por primera vez en el New Internationalist #331 (Edición de Enero-Febrero 2001)

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Also available in English: Abandoning the Public Interest.
También disponible en Español: Abandonando el Interés Público.
Aussi disponible en français: Abandonner l'intérêt publique.
Also available in German: Desintresse am Öffentlichen Intresse.
Also available in Hungarian: here.
Also available in Italian: L’abbandono dell’interesse pubblico.
Also available in Japanese: Abandonando el Interés Público.
Also available in Portuguese: Abandonando o interesse público.
Also available in Swedish: Att överge allmänintresset.


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